"Una bandera que diga...

Buenos días, buenas tardes, buenas noches

A Walter intentaron congelarlo, pero no una compañía de celulares, sino la propia Justicia argentina que desde hace 17 años cajoneó su causa e incluso, hicieron caso omiso a las diferentes sentencias por las que atravesó este caso.
El pasado jueves la familia de Walter Bulacio, representada por María Del Carmen Verdú, Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), junto con Liliana Tojo del Centro Por la justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Andrea Pochak del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se presentaron en Montevideo, Uruguay, ante la Corte Interaméricana de Derechos Humanos, para que el Estado argentino rinda cuentas sobre la paralización e incumplimiento de la sentencia que en el 2003 la Corte Internacional dictaminó.
Tres días antes de esta audiencia, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, anunció un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que ordena al Ministerio, presentarse como querellante en la causa por la detención ilegal y muerte de Bulacio. Es decir que ellos mismos se investigarán.
Esta decisión del Gobierno, genera dos contradicciones. En toda causa judicial los familiares de la víctima son los que pueden querellar y, en este caso, la Cámara del Crimen le quitó a la mamá de Walter, en el año 2002, el derecho de seguir siendo parte.
A pesar de que el motivo por el cual este caso no prescribe se debe a que fue declarado de Lesa Humanidad, ya que fue cometido por la Policía Federal, un organismo del Estado.
Los principales pedidos de la CORREPI , CEJIL y del CELS, fueron pedirle a la Corte una intervención activa que asegure el fín de la impunidad en este caso y, un cambio en la legislación que avala las detenciones arbitrarias. Esta decisión se conocerá en noviembre.
Por parte de los representantes del Gobierno, el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde y la Directora de Asuntos Internacionales de la Secretaría , Andrea Gualde, sólo presentaron promesas de cumplir con los requerimientos y convocarán a “una comisión de notables” para estudiar como hacer las reformas de los códigos de faltas y contravenciones y la derogación de los arrestos sin ordenes judiciales.
Mientras tanto, Miguel Ángel Esposito, quien era el títular de la comisaría 35º de la Policía Federal, actualmente está en libertad a pesar de haber sido procesado por el arresto ilegal y muerte de Bulacio, que en abril de 1991, fue a ver un recital de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, en Obras. Hace 17 años, los mismos que tenía Walter en ese momento.


Bs As Durito